Una opinión de Juan Carlos López Medina.
PRESIDENTE NACIONAL APFS
Los hombres, que suponen una de cada cuatro víctimas mortales de la violencia doméstica, no tienen ningún recurso público específico al que acudir para denunciar su situación o buscar ayuda.
Los últimos datos, aportados por el Consejo General del Poder Judicial, se refieren a 2008 y hablan de 31 hombres muertos por violencia intrafamiliar o doméstica en España, lo que supone una de cada cuatro víctimas que se cobra este fenómeno. Es decir, el 25% de la población.
Pongámonos en antecedentes y repasemos la historia del Ministerio de Igualdad.
El Ministerio de Igualdad de España se creó en 2008 durante el segundo mandato del entonces presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que dio rango de ministerio por primera vez en la historia de España a las políticas de igualdad. Su titular fue Bibiana Aído, esa ministra que se ratificó en el uso del término «miembra».
En 2021 aún no se ha creado el ministerio del hombre, o de la verdadera igualdad.
Sin embargo, y pese a que las instituciones se han esforzado por proteger al otro 75 por ciento, las mujeres, con una Ley Integral aprobada por unanimidad e innumerables recursos —pisos tutelados, preferencia a la hora de acceder a vivienda protegida o a ayudas económicas, asesoramiento legal, atención psicológica, etcétera—, no hay nada análogo para los hombres que atraviesan su misma situación.
En 2009, los hombres desaparecieron de las estadísticas del Ministerio de Igualdad —que únicamente se ocupó de las muertes de mujeres a manos de hombres— e incluso de las del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, que distingue tres tipos de víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar: mujeres, ancianos y menores.
Desde la asociación que presido APFS, Asociación de Padres de Familia Separados, nos hemos puesto en contacto con varias administraciones para preguntar a dónde debe dirigirse para pedir ayuda y asesoramiento un hombre maltratado.
El 012 es uno de ellos, SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 012 si se llama desde la comunidad de Castilla y León, desde el resto de España 983 327 850, que dispone de un servicio específico para las víctimas de violencia de género llamado 012 Mujer. La operadora contesta que «para hombres no hay nada» y remite al Servicio de Orientación Jurídica Gratuita del Gobierno regional.
Probamos suerte con el 016, teléfono específico para víctimas de malos tratos puesto en marcha por el Gobierno central. Allí nos contestan que este servicio «se rige por la Ley Integral contra la Violencia de Género, que se refiere a violencia ejercida por los hombres contra las mujeres».
Recurrimos al Ministerio de Igualdad, cuya centralita nos remite a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En esta última no nos dan una respuesta inmediata, sino que nos piden que escribamos un correo electrónico a violencia-genero@migualdad.es para exponer el problema.
Por último, en el teléfono 010 del Ayuntamiento de Madrid nos indican que debemos llamar al 016.
Veamos el verdadero problema de La Ley de Violencia de Género.
La Ley de Violencia de Género se basó en un axioma falso: que la mujer era víctima por el mero hecho de ser mujer y el varón culpable por el mero hecho de ser varón.
Y como la cifra real de víctimas no correspondía a ese esquema (había casi empate técnico de muertes masculinas y femeninas en el ámbito doméstico) se falsearon las cifras y se amañaron las estadísticas, eliminando las muertes de menores, ancianos y hombres, de suerte que apareciera únicamente la mujer.
Era preciso justificar que se iba a hacer una Ley de Violencia de Género y, sobre todo, era preciso justificar el maná de la Unión Europea del que se iban a beneficiar consejerías, expertos, psicólogos sociales, despachos de abogados y asociaciones feministas.
España iba a recibir decenas de miles de millones de los fondos europeos para políticas de Género y para ello había que demostrar que la mujer era la víctima y el varón el verdugo. Si no, no había dinero. Nada menos que 24.000 millones de euros.
El problema es que los datos eran los que eran y no había base estadística que justificara una ley de violencia de género. Así que se falseó la estadística: no dejes que la realidad te estropee una buena ley.
Todo empezó en 2000, cuando el Gobierno español (con Aznar en el poder), espoleado por el PSOE y las asociaciones feministas decide aplicar las políticas del feminismo de género emanadas de la Conferencia de Pekín (1995).
Pero difícilmente se podían aplicar esas políticas (y su correspondiente dotación económica procedente de Bruselas) si el número de víctimas femeninas era sólo ligeramente superior al de masculinas.
¿Género? ¿qué género, si los datos de violencia doméstica que manejaba el Consejo General del Poder Judicial era de un 40% de muertes masculinas y un 60% de muertes femeninas (lo que con una población de47 millones supone rozar el empate técnico, en términos estadísticos)?
Basta analizar la serie histórica 1995-2004 del anuario estadístico del Ministerio de Interior (Policía, Guardia Civil) para concluir lo mismo que los datos del Observatorio contra la violencia doméstica del Consejo de Poder Judicial, es decir que el número de muertes en violencia doméstica o intrafamiliar se repartía establemente 40% hombre/60% mujeres.
¿Solución? Se eliminó la variable hombre en las estadísticas de violencia doméstica del Consejo, así como de las organizaciones que comenzaron a trabajar con fondos públicos al dictado del feminismo de género.
Así el prestigioso Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud sólo trabajó sobre la variable mujer por indicación expresa del Consejo del Poder Judicial eliminando la variable hombre en sus estadísticas.
Se daba de esta forma el salto de «violencia doméstica» – es decir la que abarca a todos los miembros del grupo familiar, independientemente de su sexo- a la «violencia de género» que sólo contempla una realidad: la mujer como víctima.
¿Y si hay hombres asesinados? No hay problema, se elude el dato y asunto concluido.
Los penalistas advertían del fracaso al que estaba abocada la ley, al hacerla gravitar sobre la teoría de género. El Gobierno de Zapatero tenía pues elementos de juicio de sobra que desaconsejaban aprobarla. Pero a pesar de todo siguió adelante, desestimando las opiniones de los expertos.
En España no importaba falsear datos y engordar estadísticas porque, había mucho dinero en juego.
Para llegar a entender toda esta situación de desigualdad entre mujeres y hombres, yo siempre acudo a la formula pendular: El péndulo que tantos ven como una oscilación que perjudica salvajemente a un sexo y luego a otro no tiene por qué ser así si adoptamos una postura basada en evidencia e igualdad en el sentido más amplio.
Si podemos respetar los derechos de las personas a encontrar roles de género significativos y satisfactorios para ellos y su derecho a no hacerlo; si podemos tratarnos como individuos con el mismo derecho a todas las oportunidades, dignidad y respeto, el péndulo puede descansar. De lo contrario seguirá habiendo distinciones entre los hombres y las mujeres.
Y concluyo mi artículo asumiendo mis palabras de que no hay peor violencia contra la mujer y el hombre que aquella que está politizada.
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