POR EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE CASOS DE ABUSO SEXUAL DE MENORES

Casi una década de calvario, de la que tres años, dos meses y tres días pasó en  prisión después de que su

13.50 h. El TSJA impone una indemnización de 60.000 euros a un hombre que pasó más de tres años en prisión por la denuncia de su ex pareja y el informe del Eicas, que “dirigió” al menor en sus entrevistas, según la sentencia de la Audiencia Provincial que lo absolvió, ratificada por el Supremo.

Casi una década de calvario, de la que tres años, dos meses y tres días pasó en  prisión después de que su ex pareja lo denunciara por supuestos abusos sexuales a su hijo menor (ocho años), acaban para Teodoro L.R. con su nombre limpio y una condena a la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía, de la que dependen los servicios de valoración de los testimonios de los menores víctimas de abusos sexuales.

 

A Teodoro, el único testimonio de su ex pareja (2013)  y el informe emitido por el equipo de Evaluación e Investigación de Casos de Abuso Sexual ( Eicas), tras tres entrevistas al menor, lo llevó a la cárcel en 2013 con una condena de prisión de 14 años, sentencia que anuló la sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), y una pena mayor, la del dolor y la ruptura de relaciones con su propio hijo.

 

El Alto Tribunal ordenó la celebración de un nuevo juicio por “contaminación” de los miembros de la sala en los que había recaído el caso, y en 2016 salió en libertad y quedó absuelto por la Audiencia Provincial, en una sentencia ratificada por el Supremo.

 

Entonces, comenzó una peregrinación por distintas instancias judiciales para que se le reponga el daño (en la medida de lo posible) y que su nombre quede libre de toda mancha. En esta batalla en los tribunales, Teodoro acaba de ganar el pulso que venía librando en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) – sala de lo Contencioso- Administrativo-, donde su representante legal, la abogada onubense Ana de Silva, recurrió la negativa de la Administración andaluza (julio y mayo de 2018)  a su reclamación por responsabilidad patrimonial por falta de legitimación pasiva de la Junta (concretamente a las consejerías de Justicia e Igualdad y Políticas Sociales).

 

Ahora, el TSJA viene a darle la razón, al estimar la responsabilidad de la Consejería de Igualdad – deja fuera al departamento de Justicia- a raíz de su reclamación por “mala práxis profesional” de las psicólogas que realizaron el peritaje del caso tanto en la instrucción de la causa como en el sumario, las entrevistas al menor, y la condena, en una sentencia sin precedentes a la que ha tenido acceso Huelva24.com, al pago de una indemnización de 60.000 euros por daños morales a Teodoro (más intereses de demora).

 

Dos de las psicólogas pertenecen al equipo de Evaluación e Investigación de Casos de Abuso Sexual y una tercera, de la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato ( Adima ), que se encargó del tratamiento del menor. Adima y Eicas trabajaban para la Junta de Andalucía mediante colaboración en 2013, a través de protocolos con la Administración andaluza, y a partir de 2014 por contratación y prórrogas sucesivas.

 

Fue a través del Servicio de Prevención y Ayuda a  las Familias del departamento ahora condenado cómo se prestó el servicio de evaluación y posterior tratamiento del menor – por el Eicas- , “lo que no le exime de velar por el correcto funionamiento del mismo”, más aún – destaca la sentencia- cuando en las dos primeras evaluaciones del niño no existían formalizado convenio o contrato administrativo “y sin embargo en todos los informes emitidos por Eicas y Adima consta el anagrama de la Junta de Andalucía”.

 

“Estamos ante un funcionamiento anormal del Servicio de Prevención y Atención a las Familias, dependiente de Igualdad y Servicios Sociales, por la mala praxis de los profesionales que tenían encomendado el servicio de evaluación y atención al menor, y no solo por la técnica inadecuada (que requiere un relato libre), que no se induzcan respuestas ni sugestiones y su falta de objetividad para obtener el informe de credibilidad de un menor que no relata nada y que desencadenó el proceso penal”.

 

150 sesiones de tratamiento por “abusos que no existieron”

Además, destaca que el niño se le sometió a un tratamiento (150 sesiones) desde abril de 2013, por la misma asociación de la que dependía el servicio de evaluación, que ha sido calificada por los peritos “como innecesaria, y yatrogénica, de manera que el menor ha interiorizado completamente unos abusos que no existieron, causando unos daños emocionales, psicológicos por lo vivido y sobre todo por la ruptura de la relación paterno-filial irreparable”.

 

El informe de credibilidad del testimonio del menor –principal prueba de cargo en el juicio que lo llevó a la cárcel, junto con el testimonio de la madre- fue calificado por la misma Audiencia Provincial de Huelva como “obtenido con una inadecuada técnica para calibrar el grado de credibilidad, dirigiendo la declaración, con graves carencias de las entrevistas, escaso rigor, débil y probable origen de desaciertos”. Además, el informe estaba verificado por un solo perito pues aunque estaba firmado por dos psicólogas, la segunda – se limitó a ratificar las conclusiones de la primera a propósito de la credibilidad ya que, en el juicio, preguntada al respecto, mostró “total ignorancia”.  El Alto Tribunal destaca que a lo largo del proceso ha quedado efectivamente acreditado que a partir de dichos informes “se perjudicó al padre a unos daños y perjuicios irreparables”.

 

El TSJA considera que resulta acreditada la presencia de la relación de causalidad entre el hecho imputable a la Administración, actuación representada en este caso por la intervención de unos profesionales del Eicas y Adima cuya mala práxis, según la pericial practicada, – corroborada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva respecto a las psicólogas del Eicas, actuaron por y para el Servicio de Prevención ayuda a las Familia, dependiente de la consejería demandada, por lo que “no quepa desvincular la actuación y evaluación del menor de la actuación de la Administración al prestar el servicio y, por tanto, a la lesión, daño o perjuicio se reclama”.

 

La indemnización, explica la sentencia, encaja con el daño moral y emocional, por “la denostación pública, difamación social y sobre todo por el alejamiento y pérdida de la relación afectiva y de convivencia con su hijo, daños irreparables” que se cuantifican en 60.000 euros.

Juan Carlos López Medina. Presidente Nacional APFS.

 

En los últimos años, los medios de comunicación se hacen eco de noticias y estudios que muestran una desvinculación entre las familias y la educación que reciben sus hijos en las escuelas. A pesar de esta imagen negativa, proliferan las iniciativas y proyectos que persiguen la participación de los padres en la educación, sin olvidar que existe un porcentaje de familias que sí se implican en las actividades escolares y se preocupan por formar parte del proceso educativo en su totalidad, no sólo del académico.

Algunas de estas iniciativas son las Escuelas de padres; cursos, talleres, charlas y coloquios que buscan fomentar la participación de los padres y profesorado, ofrecer conocimientos aplicados, poner en común las dudas y cuestiones y favorecer la interacción entre todos los agentes implicados en la formación de los niños y adolescentes.

Las Escuelas de Padres empezaron a funcionar en España gracias a la acción de Asociaciones de Padres y Madres, centros educativos, instituciones educativas, organismos públicos, etc. Originariamente, su finalidad era propiciar un espacio de intercambio para que las familias pudieran compartir sus experiencias.

La APFS, Asociación de Padres de Familia Separados, se ha querido sumar a estas iniciativas para poder educar en igualdad a los padres y madres, que por razones de las separaciones cambiaron la forma de visualizar la familia, teniendo que dar un vuelco importante en sus vidas, y lógicamente aprendiendo nuevas formas y técnicas de relaciones paterno filiares.

Actualmente, el objetivo general de las escuelas de padres es facilitar información y apoyo psicosocial y pedagógico para que las familias mejoren sus recursos relacionados con la educación de sus hijos. Pero no sólo eso, también son un punto de encuentro de personas con las mismas problemáticas, junto con profesionales de la educación, que pueden poner en común sus estrategias para garantizar el bienestar de niños y adolescentes.

Por eso, los temas tratados en las escuelas de padres son diversos y obedecen a las necesidades más inmediatas de las familias, los centros educativos y las instituciones organizadoras. Además, el perfil de usuario también ha evolucionado; hoy en día acuden a los talleres psicólogos, pedagogos, gestores educativos, expertos y personas en general interesadas en la educación de niños y adolescentes.

Los expertos destacan que la necesidad de estas Escuelas recae en el hecho que las familias son los primeros responsables de la educación de los hijos y los conocimientos educativos no son innatos. Existen muchas formas de adquirir estos conocimientos (conferencias, libros y revistas, videos y películas, etc.), pero las Escuelas de Padres ofrecen la posibilidad de compartir la propia experiencia con otras familias y participar en actividades dirigidas exclusivamente a la franja de edad de los hijos.

Otra finalidad muy importante de las Escuelas de Padres es fomentar y reforzar la relación entre las familias y los centros educativos. Los expertos se encuentran a menudo con una descoordinación entre la acción pedagógica familiar y la escolar.

¿QUÉ BUSCA LA ESCUELA DE PADRES?

 

  • Propiciar momentos de reflexión en torno a situaciones de la vida cotidiana y dinámicas de funcionamiento del grupo familiar.
  • Identificar y analizar las diferentes etapas que cumple una familia en su ciclo vital.
  • Promover la comunicación entre los integrantes del núcleo familiar y con el entorno de la comunidad a fin de fortalecer los vínculos sociales.
  • Estimular en padres y madres de familia el desarrollo de habilidades y actitudes que contribuyan al crecimiento integral de los hijos y del grupo familiar.
  • Identificar oportunamente las situaciones problemáticas que se suscitan al interior del grupo familiar o en alguno de sus miembros.
  • Promover entre los miembros del grupo familiar el cumplimiento de sus distintos roles para contribuir al sentido de unidad entre todos.

 

¿CÓMO TRABAJAR CON PADRES SEPARADOS?

La separación de los padres es siempre para los niños una experiencia dolorosa, cuando no traumática. Salvo contadas excepciones, a la separación se llega después de decepciones, discusiones y mucha tensión en la vida familiar de la que el niño o la niña es testigo.

La separación también implica un cambio significativo para la vida de los niños y depende de sus padres que su vida después de la separación, en lugar de ser traumática y que dé lugar a diferentes problemas, sea asimilada y de alguna forma, se minimicen los daños.

Es importante tener presente que los padres, después de la separación se ven a sí mismos como ex parejas, pero continúan siendo el padre y la madre del niño. En numerosos casos quedan vivos sentimientos de rencor y se ven mutuamente como “enemigos”.

De ahí que las escuelas de padres sean el punto de inflexión en la pareja después de la ruptura, los hijos tendrán que pasar el duelo de la ruptura, pero los padres deberíamos de pensar más seriamente en las consecuencias que provocaremos a los menores sin una educación a la nueva situación.

Desgraciadamente es más frecuente de lo que pensamos que en las disputas durante y después de la separación, los hijos sean campo de batalla y moneda de cambio, normalmente por deseos de venganza y sentimientos de rencor y odio. En estos casos, los niños son simplemente las víctimas inocentes y los daños que se le suelen infringir, como el síndrome de alienación parental, que aunque se niegue, tienen consecuencias muy negativas para el bienestar y equilibrio psicológico de los hijos.

Las escuelas de padres minimizan muchísimo todos estos aspectos que tiene la decisión de separarse con hijos, y ayudan a seguir siendo padre y madre, sin afectar al buen funcionamiento de la vida, tanto familiar como escolar y de desarrollo en general del menor.

Mónica Oltra
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La directora Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Valencia, Carmen Fenollosa, destapó sin querer la caja de los truenos del caso Oltra al presentar en el Juzgado varios documentos, entre ellos un fax con sello de entrada de 28 de julio de 2017 a su Dirección Territorial y a la Consejería de Igualdad, que demostraba que la entonces vicepresidenta Mónica Oltra conoció los abusos de su marido a una menor tutelada por su Consejería mucho antes de lo que dijo en sede parlamentaria. Toda la investigación consta en una pieza que fue declarada secreta el 23 de marzo de 2022 por el mismo juzgado que ha levantado parcialmente esta declaración de secreta el pasado 13 de julio y a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En el vídeo se puede ver al juez Vicente Ríos, visiblemente molesto con Fenollosa, desmontó las mentiras de Oltra y sus acólitas funcionarias: «¿Cómo puede no conocer el fax que usted misma aporta?».

https://okdiario.com/investigacion/asi-desmonto-juez-mentiras-del-caso-oltra-como-puede-no-conocer-fax-que-usted-misma-aporta-9415440 Leer más

 

 

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La Asociación de Padres de Familia Separados, que preside Juan Carlos López Medina, ha alertado del desconocimiento a nivel académico que tienen los centros educativos a la hora de tratar con los menores de padres separados. Por eso se ha elaborado una guía, con el fin de facilitar pautas a los docentes.

Cuando la resolución judicial o el acuerdo atribuya a ambos progenitores la patria potestad compartida se otorga tanto al padre como a la madre la capacidad para tomar decisiones en beneficio de los hijos, comprendiendo esta potestad, entre otros deberes y facultades, velar por los hijos, educarlos y procurarles una formación integral (art. 154 CC).

Por lo tanto, en el ámbito educativo la atribución de la guarda y custodia a uno de los progenitores no exime al otro de su derecho y deber de velar por su hijo, ni le priva de su participación en las decisiones claves de su vida educativa, pues ambos al compartir la patria potestad ostentan los derechos reconocidos en el art. 4 de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

Dado el creciente número de alumnos provenientes de matrimonios disueltos se considera conveniente la divulgación, a los centros y a los asociados de la APFS, una lista-guía informativa basada en criterios normativos y en las “Instrucciones de la Viceconsejería de Educación sobre actuación de los centros docentes ante discrepancias de los padres separados o divorciados en los aspectos relacionados con la vida escolar de sus hijos”, con el propósito de garantizar un adecuado cumplimiento de nuestro deber informador, conocer el alcance jurídico de los derechos de los progenitores y salvaguardar el bienestar del menor.

 

ESCOLARIZACIÓN

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En los casos de escolarización (nuevo ingreso o traslados de matrícula) se debe proceder del modo siguiente:

  • La matriculación del alumno debe realizarse con los datos completos del padre y la madre, o tutores legales, con independencia de su estado civil, por lo que deberá exigirse al progenitor que realice este trámite la prueba documental de la patria potestad y de la guarda y custodia.
  • Solo se admitirá una única instancia por cada alumno/a, en la que necesariamente han de constar las firmas de ambos progenitores o tutores legales, pues ha de haber conocimiento y consentimiento expreso por escrito de los dos progenitores, no bastando el consentimiento tácito del progenitor no custodio.
  • Si alguna instancia no ha sido autorizada por ambos progenitores, la Administración Educativa solicitará su subsanación, pero de no efectuarse dicha subsanación en tiempo y forma, deberá actuar del modo siguiente:

1. Como regla general la Administración educativa debe esperar a que la cuestión se resuelva por la autoridad judicial competente u órgano mediador. No obstante, puede darse el caso de que la decisión no pueda ser aplazada hasta entonces, así ocurre cuando la Administración está obligada a escolarizar a alumnos/as de Enseñanzas obligatorias (Educación Primaria y Secundaria), en tal caso, deberá proceder a su matriculación amparándose esta actuación en lo establecido en art. 13.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, a cuyo tenor: “Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización”.

2. Tanto en el caso de que no exista acuerdo sobre el centro que demandan para sus hijos, como cuando uno de los progenitores no haya podido firmar la solicitud por alguna razón (ausencia, enfermedad, etc.), el progenitor solicitante deberá firmar una “declaración jurada” indicando los motivos de esta omisión y comprometiéndose a informar al progenitor ausente de las decisiones tomadas en el ámbito académico.

  • Si alguno de los progenitores solicita posteriormente una copia del expediente de escolarización del menor al centro, se le indicará que presente dicha solicitud por escrito en la DAT (Dirección del Área Territorial) correspondiente acreditando su identidad (DNI/ NIE) y sus derechos paternofiliales (Copia del libro de familia y de la sentencia o convenio que acredite que comparte la patria potestad), pues solo así será reconocido su derecho de acceso a esta información.
  • En el momento de la escolarización, el centro debe informar a los padres que aquellos que estén separados o divorciados han de comunicar esta circunstancia a la Dirección del centro para que pueda tomar las medidas oportunas e informar al equipo docente. A tal efecto, se exigirá la aportación de la sentencia judicial o convenio y se les indicará que deben mantener informado al equipo directivo o tutores de cualquier pronunciamiento judicial que modifique la situación legal.

DECISIONES EXTRAORDINARIAS QUE DEBEN AUTORIZAR AMBOS PROGENITORES

Al margen de la elección de centro, otras decisiones relevantes en el ámbito escolar en los que se hace precisa la autorización de ambos progenitores, y por lo tanto su acuerdo si comparten la patria potestad, son:

  • La opción por asignaturas que afecten a la formación religiosa o moral. Las actividades extraescolares o viajes de larga de larga duración fuera de la jornada lectiva.
  • La elección de modalidad o cambio de asignaturas.
  • La inscripción del alumno/a en el servicio de comedor escolar.
  • La baja del alumno en el centro y la tramitación del traslado de expediente.
  • Cambio de modalidad educativa ordinaria a necesidades educativas especiales.
  • En general, cualquier decisión que exceda a las decisiones ordinarias.

En estos y otros supuestos similares en los que no se deba adoptar una decisión inmediata por imperativo legal o en interés del menor, de existir discrepancias entre los progenitores, el centro educativo se abstendrá hasta que se pronuncie la autoridad judicial u órgano mediador competente.

Si no hay constancia de que alguno de los progenitores hayan sometido sus desavenencias sobre la escolarización o sobre este tipo de decisiones conjuntas a la autoridad judicial u órgano mediador, en base a lo preceptuado en el art. 13.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se podrán poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal quien, como garante de los derechos de los menores (arts. 158 C.C. y 749.2 LEC), está legitimado para plantear el incidente ante el Juez, único competente para resolver el conflicto (art.156 CC).

DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS PROGENITORES

En los supuestos de patria potestad compartida ambos progenitores tienen derecho a recibir la misma información sobre las circunstancias que concurran en el proceso educativo del menor lo que obliga al Centro a garantizar la duplicidad de la información relativa al proceso educativo de sus hijos.

A fin de poder hacer efectivo el cumplimiento de estos derechos y obligaciones paternofiliales, los centros educativos deberán proceder conforme a los siguientes criterios:

El padre o madre no custodio deberá solicitar esta información por escrito al centro, acompañando copia fehaciente de la resolución judicial (sentencia, auto o providencia) o convenio. En los casos de separación de hecho, tendrá el mismo valor que la sentencia el acuerdo al que lleguen los cónyuges sobre estos extremos, siempre que conste en documento público. En los casos de separación de hecho, cuando no exista resolución judicial o acuerdo no se denegará la información, salvo que el progenitor custodio aporte resolución judicial o acuerdo fehaciente en distinto sentido.

De la solicitud y de la copia de la resolución judicial o convenio aportada se dará traslado al progenitor/a que tiene bajo su custodia al menor, al único fin de que pueda aportar, en su caso, en el plazo de diez días una resolución judicial posterior, y se le informará de su derecho a aportar todos los documentos y las alegaciones que estime convenientes. En ningún caso se consideran documentos relevantes para denegar la información al progenitor/a no custodio las denuncias, querellas, demandas, reclamaciones extrajudiciales de cualquier índole, o cualquier otro documento que no consista en una resolución judicial o acuerdo entre los padres que conste en documento público.

Si la última resolución judicial aportada no establece privación de la patria potestad o algún tipo de medida penal de prohibición de comunicación con la víctima o su familia, el centro deberá duplicar los documentos relativos a las evoluciones académicas del alumno/a. Este régimen se mantendrá en tanto ninguno de los dos progenitores aporte datos relevantes que consten en sentencias u acuerdos fehacientes posteriores.

El derecho de ambos progenitores a recibir información incluirá:

a) El derecho a recibir las calificaciones escolares e información verbal.

b) La información facilitada por los tutores/as por lo que se les deberá facilitar a ambos los horarios de tutoría.

c) El calendario escolar y el programa de actividades escolares y extraescolares tales como excursiones, visitas a museos, estancias en granja‐escuela, etc. Conviene que ambos progenitores autoricen cualquier actividad al principio del curso con el fin de que el funcionamiento normal del Centro no se vea alterado.

d) El calendario de fiestas y celebraciones a las que se autorice la asistencia de personal ajeno al Centro.

e) En caso de accidentes y enfermedades se ha de llamar al padre y a la madre.

f) El listado de ausencias, motivo de estas y justificación, si éstos lo solicitasen.

g) El tratamiento médico que pudiera estar recibiendo en el Centro escolar.

h) El menú del comedor escolar.

i) El derecho a conocer en qué condiciones higiénicas, físicas, y alimentarias llegan sus hijos al colegio.

j) El calendario de elecciones al Consejo Escolar.

La información y documentación de carácter académico sobre el menor se facilitará exclusivamente a los padres, jueces y fiscales, pues incluyen datos referentes a la intimidad de sus hijos a los que solo tienen acceso los padres. Por lo tanto, si esta información es solicitada por el abogado de uno de los progenitores deberá acompañar a su petición escrita una copia del poder de representación otorgado por el progenitor/ha representado/a.

No se emitirán informes por escrito con contenido distinto al oficialmente previsto, salvo que se exija por orden judicial, en cuyo caso se emitirán con plena veracidad e independencia.

En el caso de que los progenitores a lo largo del curso no lleguen a alcanzar acuerdos y no sometan sus discrepancias a decisión judicial, si a juicio del equipo directivo y docente, estas desavenencias constantes pudieran perjudicar la integración social yeducativa del menor, la Dirección del Centro podrá poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal quien está legitimado para plantear el incidente ante el Juez, único competente para resolver este tipo de conflictos (art.156 y 158 Código Civil y 749.2 Ley Enjuiciamiento Civil).

COMUNICACIÓN DE LOS PROGENITORES CON SUS HIJOS EN HORARIO ESCOLAR

Cuando el centro educativo tenga constancia de la existencia de una resolución judicial incoando diligencias penales contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos que convivan con ambos, no se facilitará información ni comunicación alguna con el menor dentro de la jornada escolar ni en los momentos en que el menor esté bajo la custodia del centro.

Salvo que exista una resolución judicial expresa, el progenitor que tiene que recoger a los menores puede delegar en otra persona la recogida y el otro progenitor no puede negarse siempre y cuando haya sido informado de ello. Sólo un motivo real de peligro para el menor podría justificar la negativa de entrega a persona distinta del progenitor. La negativa a entregar a los menores podría ser objeto de denuncia, ya que se está obstaculizando la relación de los menores con aquel progenitor.

Conviene disponer de un listado de personas autorizadas por los progenitores para recoger al alumno/a. En el Centro se harán constar los teléfonos de contacto de los progenitores o personas autorizadas a recogerlos.

Desde estas líneas instamos a los padres y centros escolares, a que utilicen la guía para tener claro los derechos y deberes de los padres madres y centros escolares, pero sobre todo de los más vulnerables, a la hora de la separación/divorcio, los menores.

Guía en la que ha participado de forma activa la APFS de Salamanca

https://www.educa.jcyl.es/es/guiasypublicaciones/guia-actuaciones-centros-docentes-supuestos-progenitores-al